«Si quiere ver a los 9.000 gitanos de la región en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, los verá». La Asociación de Promoción Gitana de La Rioja gritó ayer su particular «¡basta ya!» y exigió al alcalde de la capital, Tomás Santos, que «cumpla sus compromisos adquiridos» en materia de viviendas sociales.

 

Los continuos desalojos sufridos por la comunidad gitana culminados el pasado 2009 en Logroño cuando un total de cinco familias se vieron obligadas a abandonar uno de los inmuebles de Rodríguez Paterna ante su inminente declaración de ruina ha llevado a los más de 60 afectados a pedir cuentas al equipo de Gobierno municipal ante la falta de soluciones.

 

El colectivo, que también busca salidas al reciente desahucio de un matrimonio con trillizos mientras mantiene a una familia con cuatro niños menores alojada en la propia sede de la asociación, ha decidido emprender medidas de presión frente a PSOE y PR, «quienes nos despachan con muy buenas palabras pero, a la hora de la verdad, todo se queda en agua de borrajas».

 

Así lo expresaron tanto su presidente, Enrique Jiménez, como su secretario, José Antonio Jiménez, quienes aseguraron que, llegado el momento, «promoveríamos un encierro o una huelga de hambre para evitar que se juegue con la salud de nuestros hijos». De momento, y mientras la Administración local se decide a actuar, la comunidad gitana ya anuncia que piensan seguir al regidor municipal a cada acto oficial «para recordarle que estamos aquí y nos sentimos engañados».

 

El equipo de Gobierno municipal, ante la amenaza de llegar incluso a acampar a las puertas del Consistorio «con nuestros colchones y nuestras cocinas si antes de mes y medio no hay respuesta», se mostró abierto al diálogo, «pero siempre en igualdad de condiciones con todos los ciudadanos, valorando como así se ha hecho en este tiempo, la solución de auténticas necesidades de personas y familias».

 

De hecho, y sobre el caso concreto de Rodríguez Paterna, PSOE y PR informaban de que se les hizo una oferta de compra que rechazaron «pidiendo una permuta de pisos sin cumplir los requisitos y haciendo hincapié en la pertenencia a su etnia», no tenida en cuenta por el Ayuntamiento al considerar a todos «iguales en derechos y deberes».